EDITORIAL #41

Por: Luis Álvaro Mejía

El odio y la mentira han sido unas de las características que han marcado a la ultraderecha para hacer frente al gobierno del cambio, a un gobierno de izquierda democrática que busca enrumbar el país por los caminos de la justicia social, la justicia económica y la ambiental. La alianza del poder económico con la ultraderecha, busca detener las propuestas de cambio que fueron expuestas en la candidatura presidencial y que, en la actualidad, hacen parte del Plan Nacional de Desarrollo.

Este contubernio se fragua desde el momento mismo del nacimiento de la nación. Ellos, élites económicas y familias tradicionales, le dieron al Estado una estructura que lo convirtió en instrumento de los intereses sociales y económicos de la denominada oligarquía. Esa alianza perdura, y lo que busca es recuperar el poder que durante doscientos años han manejado al servicio de sus propios intereses, de los intereses particulares. Según Indalecio Liévano Aguirre, en su revisión de la génesis de la Patria Boba para su libro Los grandes conflictos sociales y económicos de nuestra historia (1962), la junta de notables criollos y próceres logró revestir con una fachada brillante y engañadora el conflicto entre la oligarquía y el pueblo, conflicto sobre el cual se tendió, desde 1810, un velo de silencio deliberado. Fueron víctimas en la primera fase de la historia republicana José María Carbonell, Antonio Nariño y Simón Bolívar. A ellos se les tildó de tiranos, de agitadores y demagogos, acaso porque trataron de contener el proceso de oligarquización económica y social del país y de representar las aspiraciones y esperanzas de la gleba anónima y humilde.

Es que administrar un país a imagen de un grupo minoritario significa desdibujar los intereses de representación nacional, tanto en la administración pública como en la lectura de los destinos de una nación constitutiva. Es un trabajo de persuasión, engaño y fuerza. Los dueños del poder eliminaron de la educación a la historia y las humanidades, por la desconfianza que le tienen al conocimiento de la realidad y a la verdad de lo que ha sido la historia de violencia, despojo y muerte de miles de compatriotas. La educación de calidad, junto a la inclusion de la historia y las humanidades, es un propósito fundamental de este gobierno, siendo un sector fundamental para lograr un cambio de mentalidad de las nuevas generaciones. Una consciencia propia de la actualidad crítica de los estados sociales que, en un futuro, espera despertar del adormecimiento colectivo, la coerción y el silencio.

A pesar del odio y la mentira, el gobierno del cambio viene sembrando la esperanza en los diferentes territorios, fundamentada en la entrega de tierras a los miles de campesinos desplazados, a quienes les robaron sus tierras, y que el gobierno, consciente del significado de ella para la vida, entrega a miles de familias campesinas, indígenas y afros, como una nueva posibilidad para sembrar de colores las tierras que permanecían improductivas en manos de los terratenientes. “Queremos repartir la tierra”, ha manifestado el presidente Gustavo Petro, como se rezó en la reforma constitucional sancionada el 6 de agosto de 1936: la tierra tiene una función social, producir la comida para el pueblo y la humanidad. Soportado en los ideales de la Revolución en Marcha del primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, de cuando la noción del derecho natural fue sustituida por el deber social, en el gobierno Petro se han entregado, en la gestión de tierras, a corte del 22 de mayo de 2024, 1 065 109 hectáreas.

La infraestructura del tren es una realidad operativa, con la restauración de una red que ya está funcionando para carga, junto con cinco proyectos adicionales para implementar el transporte férreo. Ocurre el mejoramiento de las vías terciarias, que se realiza con el apoyo de las Acciones Comunales. Avanza la economía popular, con el fortalecimiento y apoyo del sector cooperativo financiero, y la construcción de acueductos y la generación de energías limpias con la implementación de las comunidades energéticas. La presencia del gobierno en los territorios olvidados, ha permitido una rápida acción frente a los problemas que enfrentan las comunidades. Una dinámica administrativa de contacto y asistencia directa.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Mitigar un desequilibrio histórico y social de tales proporciones, es un trabajo signado por la causa que lo rige, capaz de cabalgar con los contextos en que se implementa.

Colombia es el segundo país más desigual de América Latina. Mitigar un desequilibrio histórico y social de tales proporciones, es un trabajo signado por la causa que lo rige, capaz de cabalgar con los contextos en que se implementa. El contexto de un escándalo de corrupción en una entidad de restitución de tierras de la nación, de las voces cruzadas en los escenarios de la reforma a la salud, o el vaivén semanal de los trinos en torno de las palabras emitidas por el presidente, conforman un contexto de pugna que no está por encima de las prioridades con que la administración ejerce su mandato. En los términos de las prioridades, el gobierno ejerce una operatividad territorial basada en la presencia, los hechos y la retroalimentación de los aprendizajes.

Es por ello que las causas del gobierno del cambio se afianzan en medio de los muchos contextos y voces que recoge la nación. Los programas sociales para niños,
madres cabeza de hogar y adultos mayores, son una prioridad. La reforma pensional incluye ampliar la cobertura pensional a adultos mayores abandonados, para que logren un techo y una comida para sobrevivir. El gobierno responde a los compromisos que hizo con las comunidades en campaña, a los cambios que necesita el país. A pesar de todos los obstáculos, ataques y mentiras, el gobierno avanza y se consolida en una comunidad consciente del significado que tienen las propuestas del cambio para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de la democracia. Son su causalidad.

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