El gobierno nacional ha tenido que afrontar la situación contradictora de una oposición sin argumentos, confluyente en un sector de la clase política con una arraigada experiencia en la práctica de sus intereses en la administración del Estado, como la ultraderecha, la clase que funde la autarquía de las grandes familias con el ancla corrupta de los grandes gremios y los grupos armados, generadores de coacción en la operación de lo público. La oposición al gobierno de Gustavo Petro es de carácter radical, obteniendo su característica no por el ejercicio de una posición ideológica fundamentada en principios sólidos o rígidos, sino en la evasión de cualquier argumento de debate, de cualquier forma de discusión que pueda tener más de un peldaño, para propiciar el aligeramiento de cualquier idea y el aprovechamiento de la reacción pública a una imagen. Esta conducta produce reacciones opuestas, conducentes a la aceptación simple de las conductas estatales o la condena irrestricta de sus conductores. Las reformas sociales, que el presidente Petro propuso como candidato, llegan a las instancias operativas del Estado con dificultades para desarrollarse, en medio de un escenario de obstrucciones al Plan Nacional de Desarrollo que se intensifican y, en algunos casos, hacen que los propios impulsores de las reformas tomen decisiones con exceso de confianza, como la puesta a punto fallida del sistema de salud para los maestros públicos del Magisterio, para dar celeridad a las posibilidades del cambio. Más allá del escenario de incertidumbre y falta de celeridad, el gobierno se plantea la posibilidad de unaAsamblea Nacional Constituyente como alternativa para dar viabilidad y velocidad a los programas sociales, el eje central de la administración pública en vigencia.
La idea de una constituyente parece oponerse a la idea operativa inicial del gobierno Petro, como lo era la idea de la unidad nacional. Una asamblea para la modificación de la carta constitucional surge como idea para penetrar las formas de operación del Estado que extienden en demasía su tramitología, y para poner en la mesa necesidades sociales y contextos específicos –pobreza, desigualdad, inequidad– como planes de operación urgente. Sin embargo, sectores vinculados a la política reciente se oponen a la oportunidad de una constituyente por, precisamente, haberse encontrado ellos mismos en la necesidad de gestionarpolíticas de gobierno y las reformas estatales sin recurrir a la que se considera tácitamente la última instancia para la aplicación de políticas públicas. Juan Manuel Santos frente a la ejecución del Acuerdo de Paz de 2016, Humberto de la Calle frente a la memoria de la Constitución de 1991, entre otros actores, se han referido a las instancias reales de una constituyente en el contexto actual. La negociación y la discusión de las leyes en el congreso, así como el concepto de una constituyente como una necesidad pública irreprochable y visible, hacen que la idea de una constituyente sea, en una manera de ver las cosas, como el acceso abreviado a los compromisos de administración pública del Estado. En las circunstancias actuales, lo que está en discusión es si una constituyente propiciaría un ambiente de inestabilidad política, económica e institucional capaz de afectar la gobernabilidad y la confianza de los ciudadanos en las instituciones. La ejecución de la constituyente es observada como la solución de uno de los brazos políticos que conforman la realidad política nacional, lejana al consenso nacional en la decisión de propiciarla. Es decir, una constituyente sería vista como un acto igualmente radical por parte del gobierno, tal y como la oposición ejerce sus posturas frente a las políticas para reducir la desigualdad.
La pregunta indicada puede ser, ¿es necesaria una constituyente, o es solamente una alternativa, un vehículo para la ejecución de las políticas públicas? Colombia es uno de los países con mayores índices de desigualdad social de América Latina. La violencia, la muerte y la desaparición, conforman un cuadro dantesco que se dibuja en los territorios extensivos de la soberanía nacional, históricamente olvidados por el Estado, produciendo miles de víctimas y el desalojo de grandes extensiones de tierras, que cayeron en las manos de los grandes terratenientes, narcotraficantes, paramilitares y empresas que los financiaron. El administrar a un país con la capacidad infraestructural y comunicacional de revertir la mezquindad, la soberbia, la corrupción y la coacción, como prácticas políticas deliberadas, es una oportunidad para responder de frente ala población que constituye el cuerpo de la nación. El reconocimiento de estas regiones, de estas poblaciones, de estos sectores, impulsa al gobierno a adelantar acciones que permitan avanzar en proyectos que incidan ampliamente en la recuperación de comunidades, que agradecen la presencia misma del presidente Petro. El internet, la educación, el agua, los proyectos productivos, la salud, las vías, el tren, la reforma agraria, la entrega de tierras a campesinos, indígenas yafros, entre otras acciones, marcan el camino hacia el encuentro con un mañana distinto. El pueblo de Colombia, en un lento pero firme proceso de avanzar con el cambio, viene reconociendo las bondades de un gobierno progresista y democrático.
Construir un acuerdo nacional, concertar con el pueblo la necesidad de encontrar una viabilidad a las propuestas del cambio, es un camino que permite observar el desarrollo de una constituyente. Sin embargo, para que el pueblo decida en las urnas, el gobierno debe proponerla y el congreso debe convocarla. Estos dos pasos, vistos en el futuro cercano, son los pasos más dramáticos de la decisión. El gobierno atisba la constituyente mientras prueba el escenario de su discusión pública, mientras el congreso reflexiona sobre su papel en la celeridad administrativa de las necesidades del Estado. La constituyente puede ser tal, si es todo menos un capricho o una decisión terca o unilateral. Es, por una condición estructural, el producto de un acuerdo nacional. Para ello se puede recomponer la actuación de distintos actores del Estado, y de las cortes, para la operación efectiva de las reformas, anteriores a una constituyente. El gobierno, en cabeza de Petro, observa el desarrollo de una constituyente que incluye: la garantía inmediata al derecho universal a la educación, salud y pensión; un nuevo ordenamiento territorial; el desarrollo económico y social de los territorios excluidos; la reforma agraria; una adaptación a la crisis climática; la reforma a la justicia; el pacto por una economía productiva; la reforma política, y la verdad judicial y perdón social para una paz definitiva. El fin de cada uno de estos propósitos es loable, no se pone en discusión. Son fines inaplazables. Lo que el gobierno debe analizar es si esta consideración implica una ejecución de las políticas públicas obligando a todos los actores políticos, los de izquierda –de las distintas izquierdas– o los de derecha, a ser comprometidos con una ideología política establecida en la silla del Estado.
Las reformas responden a las transformaciones sociales requeridas y a los principios políticos de campaña del gobierno regente.
Las propuestas que hacían parte de las reformas entregadas al congreso son el eje esencial de la consideración política de este gobierno. Son, por decirlo, su justificación fundamental, su principio ético, su razón de existencia. Las reformas han sido negadas, muchas veces en la forma más absurda, y demuestran una actitud que no es consecuente con el significado de una institución fundamental de la democracia, como el compromiso social, y que muestra la cara de los verdaderos intereses que representan determinados sectores de la política. Como consecuencia, se vive en el país una arremetidacontra las diferentes propuestas de cambio, y lo que se demuestra es la ignorancia y el desconocimiento de la realidad que vive el país, abrazando el odio y la mentira como instrumentos que invalidan las propuestas sociales presentadas. A un contexto de cambio, un escenario de animadversión. El estancamiento es un obstáculo al ejercicio de la política. Las reformas responden a las transformaciones sociales requeridas y a los principios políticos de campaña del gobierno regente. Nacen del conocimiento de una realidad injusta, cargada de violencia y olvido, que requiere atención.
Se marcha por el camino de la esperanza, se estructuran los cimientos de una sociedad que abraza sus sueños y construye acuerdos que van a permitir que Colombia renazca de las cenizas de sus miles de muertos, para poder añadir la belleza y el significado a la vida
Una cosa es negar la necesidad de los cambios pensados en estas reformas, de origen social y democrático. Sin embargo, y por más que se piense como viable, otro asunto es asegurar que pensar las necesidades de una constituyente traducen en negar la realidad, desconocer el presente. La aceptación de la realidad nacional no implica la delimitación general de las opiniones sobre lo que es o no importante para un país, pues esto provocaría un actuar precedido de una perfilación y adecuación de las diferencias, los pensamientos y los actuares públicos de la política y la vida nacional. Que existan mentes perversas que solamente piensan y actúan de acuerdo a sus propios intereses, no es motivo para etiquetar a toda contradicción o duda ante las decisiones del Estado. Lo que no pude quedar ahí son las reformas, la afectación y restitución social del territorio en el cambio. Con la mira puesta en estos fines, por demás inaplazables, pero con la consciencia en los medios del poder y la siempre posible unidad nacional y el consenso, cada dificultad es un desafío para crecer.
El país vive un contexto de dificultad política y obstrucciones al pie del futuro. El país también vive la posibilidad de pensar profundamente sus roles para ser más sensatos en la mirada del futuro. El país exige a sus ciudadanos a ser pacientes y perseverantes, a avanzar en la revolución de las pequeñas cosas, y lo grande será posible. Se marcha por el camino de la esperanza, se estructuran los cimientos de una sociedad que abraza sus sueños y construye acuerdos que van a permitir que Colombia renazca de las cenizas de sus miles de muertos, para poder añadir la belleza y el significado a la vida.
