Por: Carlos Arturo Rodríguez Díaz
Exdirector regional, Organización Internacional del Trabajo (OIT). Expresidente, Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT)
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Escribo estas líneas en el marco de la situación de crisis humanitaria que se presenta en el Catatumbo y que se evidencia en el desplazamiento forzado de cerca de 32 000 personas, el asesinato de dirigentes sociales firmantes de la paz y de la población civil. Este terrorífico hecho, increíble y demencial, obedece al enfrentamiento generado entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), que, de contera, golpea al gobierno del presidente Gustavo Petro y genera la idea de que la paz fracasó en Colombia. Afortunadamente, y contrario a la pretensión de hacer trizas la paz, los demócratas persistimos en su búsqueda.

Teniendo claro lo anterior, y en desarrollo del título del presente artículo, considero que en Colombia cambió el carácter del conflicto armado, y coincido con quienes opinan que estamos en un momento de transición, de un conflicto armado, a un híbrido entre el conflicto armado clásico y otras formas de violencia colectiva; por tanto, si se trabaja por el objetivo de una política pública que apunte a la disminución de la violencia en la perspectiva de su eliminación para alcanzar la paz total, urgen diálogos con todos los grupos armados ilegales, es decir, con los insurgentes y con las bandas criminales.

Seguramente, cuando se plantea dialogar con las bandas criminales o grupos multicrimen, en la búsqueda de la paz territorial se trae a colación aquella discusión sobre las violencias, que se distinguían entre violencias altruistas, que eran negociables y que originaron la legislación penal, caracterizando los delitos políticos como el de rebelión, y las violencias comunes, que se referían a delitos individuales. Lo cierto, es que hoy las bandas criminales, en las regiones, también tienen influencia evidente, capacidad desestabilizadora y poder económico, social, político y militar. Este nuevo fenómeno exige una postura pragmática sobre la importancia de una paz urgente, y con todos, porque hoy hay una disputa política por el territorio entre todos los bandos.

Como argumentos para corroborar lo anterior, es preciso afirmar que, en relación con la insurgencia, la rebelión debería entenderse como una acción de emancipación y como un proyecto social, en donde la política esté por encima de fuerza o de las armas, porque cuando el militarismo somete a la política, de inmediato se crea una desconexión con la sociedad civil. En Colombia, la evidencia más clara de esta separación se da cuando las guerrillas priorizan la acción bélica y miden sus victorias en términos de operaciones militares, sin sopesar las consecuencias políticas de las mismas, que son contundentes derrotas políticas.

En cuanto a las bandas criminales, el copamiento económico, político y militar que hoy tienen, deben aprovecharlo para coadyuvar con la paz territorial y lograr acuerdos, que les permitan acceder a procesos colectivos de formalización y de inserción socioeconómica y política. En tal sentido, valdría la pena relanzar los acuerdos del Pacto de Ralito.

Recordemos que, desde la década de los sesenta, Colombia se halla inmersa en un conflicto armado que involucra diversos actores de la violencia, llámense guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha y narcotraficantes. Esta realidad hace que el gobierno, las fuerzas armadas y la sociedad civil, busquen acuerdos de paz o se implementen operaciones militares. Al estudiar las causas del conflicto violento, la literatura ofrece varios enfoques alternativos para explicar los sucesos del conflicto interno y la guerra civil. Quizá el debate más importante se presenta entre quienes sostienen que la violencia es el resultado de factores económicos y aquellos que afirman que los conflictos internos se originan en variables como el tipo de gobierno, la presencia estatal y la exclusión política.

En este marco, de búsqueda de salidas al conflicto interno, es preciso decir que, desde el 24 de noviembre del 2016, a hoy, han transcurrido un poco más de ocho años de firmado el Acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la extinta guerrilla de las FARC-EP, y aún queda camino por recorrer en su implementación. En estos años, el acuerdo de paz de Colombia, a pesar de ser un ejemplo mundial sobre cómo encontrar salidas a un conflicto de años, ha tenido un intrincado camino, pues sus adversarios pretenden hacerlo trizas y, por ello, se ha desperdiciado la fuerza que tiene para cerrar brechas sociales, destrabar la distribución de la tierra, transformar los territorios rurales o intensificar la sustitución de cultivos. Este importante acuerdo de paz debe entenderse como un fenómeno vivo, que tiene aportes innegables al país, como el que las 13 000 personas que dejaron las armas sigan adelante, a pesar del asesinato de 451 excombatientes.

Ahora, y para fortalecer el dialogo con todos los actores de la guerra, surge el proceso hacia la “paz total”, como bandera política con la que el presidente Gustavo Petro busca eliminar la violencia en Colombia y apuntarle a una paz con justicia social. Así las cosas, considero importante relanzar la paz total con claridad meridiana, en cuanto a que todos los actores generadores de violencia serán involucrados en este proceso.