Lo que hoy se presenta como un choque de poderes entre el Gobierno Petro y las altas cortes es, en realidad, la consecuencia final de una degradación incubada durante años. No estamos ante un simple arrebato presidencial, o un conflicto institucional, asistimos al resultado de una invasión política de la justicia que ha sido promovida, tolerada y aprovechada por amplios sectores de la clase dirigente y cuyo principal responsable ha sido el uribismo y su concepción utilitaria del Estado.
Desde comienzos del siglo, la relación entre poder político y altas cortes perdió la distancia respetuosa que exige la separación de poderes, pues hace algunos años el uribismo confrontó abiertamente a magistrados que tomaron decisiones que para ellos eran perjudiciales, pero también deslegitimó y ultrajó sin pudor a la justicia cuando esta investigó alianzas con el paramilitarismo, interceptaciones ilegales, ejecuciones extrajudiciales o masivas prácticas de corrupción legislativa. El plan contemplaba la idea de plantar una semilla envenenada al repetir que los jueces eran enemigos con motivaciones políticas ocultas y no árbitros constitucionales.
Pero la agenda secreta era de otros, porque es en tiempos de los gobiernos de Uribe (el primero y el espurio) cuando comenzó la debacle que hay hoy, pues cuando desde la cúspide del régimen se desacredita a las altas cortes, se inocula la idea de que la justicia sólo es respetable cuando avala al poder. Fue esa lógica fascistoide la que ejerció una presión permanente sobre magistrados y fiscales, y alimentó un clima en el que la independencia judicial pasó a verse como obstáculo y no como garantía democrática.
Pero el ataque no fue sólo retórico. La disputa por ternas, apoyos y cuotas en los órganos de control convirtió la elección de magistrados en una treta clientelista más. Después de que Uribe fuera desautorizado por la Corte Constitucional para eternizarse en el poder (que fue siempre su intención), el uribismo entendió que influir o controlar las altas cortes era tanto o más estratégico que ganar elecciones y comenzó un proceso de degradación en todo el aparato judicial que suplió las calidades jurídicas de magistrados y funcionarios por su sometimiento a la voluntad de un cacique.
Cuando la política penetra de semejante manera la estructura judicial, la contamina hasta el tuétano, institucionaliza el pago de favores, legitima las venganzas institucionales y los cálculos de oportunidad, hasta que el ciudadano termina por aceptar que una decisión judicial puede derivarse de una maniobra política.
Por eso, el enfrentamiento entre el presidente Petro y las cortes no es más que el resultado inevitable de esa mal habida estrategia de cooptar la justicia para que atienda servilmente los intereses de la política y cubra de impunidad a los corruptos. La confianza pública fue socavada por años de ataques sistemáticos, de reformas impulsadas con ánimo de revancha y de intentos por moldear la justicia a la medida del poder. Y aunque ningún sector de la política tradicional puede proclamarse completamente inocente, el uribismo dejó una huella particularmente profunda en esa dinámica de confrontación y descrédito, una campaña sucia que Colombia no puede permitir que se prolongue en el tiempo porque cuando la política degrada moralmente a la justicia, la democracia entera se corrompe y se envilece.
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