El cambio avanza, a veinte meses de funcionamiento del gobierno de Gustavo Petro Urrego. La dinámica del primer año de funciones, caracterizada por dificultades para establecer logística y administrativamente un consenso pragmático, puso en duda al cambio como práctica. Pero lo vivido en aquel primer año, fue el enfrentamiento con la infraestructura operativa de un Estado acostumbrado a no tener preguntas, sin dudas sobre sus carencias, de un andamiaje que aparentemente caminaba solo. Justo cuando los cambios de gabinetes o el aletargamiento en la promulgación formal de las reformas difundían la tentativa de la inoperancia del cambio, el gobierno tomó la posta de la política ambiental a nivel trasnacional, se involucró de lleno en las políticas de las fuerzas militares, palió las incertidumbres económicas inflacionarias, hizo un empalme adecuado con los gobiernos departamentales y municipales entrantes y observó como definitivos los cambios de personalen instituciones como la Fiscalía General de la Nación. Iniciado el año 2024, por parte del gobierno es legible que el cambio es una idea, y que a los paradigmas se les afronta con decisión. Las políticas reformistas han llegado a las cortes y al congreso, y el funcionamiento del Estado demuestra una postura ejecutoria.
El cambio avanza, a pesar de la actitud perversa de un amplio sector político, que niega cualquier intento del gobierno por mejorar las condiciones de vida de millones de personas que viven en la pobreza y en la miseria, y por establecer vínculos operativos distintos a la cooptación y al amarre de fuerzas. La agenda del gobierno se fundamenta en la inclusión de los territorios que por siglos han permanecido por fuera de las políticas públicas. La historia de estos territorios ha estado marcada por la exclusión, la pobreza y la violencia. El gobierno trabaja de frente ante esa Colombia diversa, en el país que en la década de los ochenta fue acuñado como ‘de regiones’, y por ello la diversidad es la mayor riqueza, la inclusión es una prioridad y la unidad del país es un trámite forjado a partir de la atención al desequilibrio de sus componentes, para posibilitar la equidad y la vivencia de la justicia territorial.
La estrategia del gobierno ha sido la de establecer un diálogo directo con las comunidades, para conocer sus requerimientos y propuestas y dar respuesta a sus necesidades. Estos territorios comienzan a vivir en carne propia la visibilidad de su presencia, pues la presencia del gobierno comienza a ser recibida mediante la validación del maravilloso contenido de los tejidos geosociales y avanza en el proceso de inclusión, con propuestas en educación, salud, acueductos y generación de alternativas económicas, con posibilidades de financiación y con bajas tasas de interés. A esos espacios del territorio llega, posiblemente por primera vez, un presidente que los reconoce y los ratifica en sus derechos.
La economía popular se ofrece como solución efectiva a las coyunturas económicas. En una alianza con el sector cooperativo, el gobierno nacional, con bajas tasas de interés y el respaldo del Fondo Nacional de Garantías, desarrolla una política de fortalecimiento de los micronegocios, que en el país superan los cinco millones de unidades económicas, conun máximo de nueve personas ocupadas. Esta política de reactivación económica permite mejorar los procesos productivos y las condiciones de vida de los microempresarios. En Economías para la vida, en Arauca, un territorio productor de cacao, se avanza en los procesos de industrialización solidaria del producto, alianza entre el gobierno y los campesinos que va a beneficiar a 6500 familias, que tienen en la actualidad 18 000 hectáreas cultivadas.
En infraestructura, se reactiva el tren en Colombia. Los proyectos se demuestran activos, y por ello el país observa la viabilidad del ferrocarril en el corredor del Pacífico, entre Buenaventura-Cali; en La Dorada- Chiriguaná y Chiriguaná-Santa Marta; en Bogotá-Región Central-Costa Caribe; en Ocaña-Gamarra; en Villavicencio-Puerto Gaitán. Este último tramo, que ejecutará el batallón de ingenieros del Ejército Nacional, es uno entre otros proyectos. Algunos avanzan ya en el proceso de recuperación de las vías férreas, y otros en el proceso de factibilidad. Una propuesta fundamental para el desarrollo económico, social y turístico del país, acaso un paso lógico para el transporte multimodal terrestre, en tiempos de flujo de mercancías y capacidades logísticas para el tránsito de gentes.
Así mismo, se adelanta la contratación con las Acciones Comunales, para el mantenimiento y construcción de vías terciarias. Estas vías van a facilitar a los campesinos sacar sus productos a los centros de consumo, y esta es la óptica de la planeación infraestructural. La presencia del gobierno en regiones como La Guajira, el Pacífico, Arauca, y otros municipios y localidades, dejan una huella profunda en el corazón de campesinos, indígenas y comunidades afro. Es allá, en esa Colombia profunda, donde se reconoce el cambio que adelanta el gobierno nacional.
En el contexto internacional, el gobierno se la ha jugado con la propuesta de transición energética, la lucha contra las drogas y el cambio climático, obteniendo la sede para la Conferencia de las Partes (COP16) del Convenio sobre la Diversidad Biológica de Naciones Unidas. Estratégicamente, se observa a Cali y a la región del Pacífico como la zona más biodiversa del país, lugar neurálgico para la mirada mundial hacia la diversidad étnica y biológica de los pulmones de vida para el futuro. Con ello, a partir de acciones sociales, culturales y económicas, el gobierno atiende y visibiliza las necesidades de sus poblaciones.
Todo lo que ha significado ser el primer gobierno de izquierdas, de índole social, diversa y progresista, sobre las bases de la población y su devenir, ha implicado una adaptación difícil y lenta de la administración del Estado nacional. Con todas las dificultades y las adversidades del funcionamiento
estatal, con unos medios de comunicación languidecidos por la desinformación, con sectores políticos aferrados a la distorsión pública del semblante del país, ha sido posible avanzar en el cambio solamente por las vías de las lecciones aprendidas a corto plazo y la resistencia, la valentía y –esto ha comenzado a demostrarse extensivamente en el territorio– una voluntad sin límites para el alcance de su ideal. Algunas reformas todavía se juegan sus veces ante la burocracia nacional, y está claro que la operación del gobierno ha decidido comenzar por impactar con fuerza a sectores específicosde la población y el territorio, por lo cual los cambios estructurales y la atención de todas las regiones hace parte de una política que opera con miras al futuro próximo.
Curioso es que el país no ha dejado de marchar. Las protestas sociales de 2019 y 2021, cuyo impacto desembocó en la llegada del gobierno del cambio al poder presidencial, en 2022, dejaron en la población un impulso que se había diluido con el amanecer del nuevo siglo, o que otrora tenía como protagonistas a sectores específicos de la población, como los educadores y los estudiantes, los trabajadores y las etnias. El 19 de febrero de 2023, el uribismo convocó a marchas ‘antipetristas’ que, a pesar de la exhibición de distintas maneras de frivolidad, extendieron a la población nacional el impulso de la propuesta. Lejos había quedado la manifestación uribista en contra de la primera firma del Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP), del 26 de septiembre de 2016, en las afueras del Centro de Convenciones de Cartagena, que desembocó en el resultado negativo en el Plebiscito sobre los acuerdos de paz del 2 de octubre del mismo año. El 21 de febrero de 2024, las marchas de la oposición al gobierno tomaron el rótulo de protestas ‘contra las políticas y las reformas’, reuniendo a alrededor de 400 000 manifestantes en diez ciudades capitales, siendo Medellín la más voluminosa, con cerca de 300 000 personas. El “¡Fuera Petro!” se unió al adverbio de la negación, para hacer pública una percepción de país que se reafirma en decir “¡no!” desde los centros urbanos.
Es curioso que las costumbres hacendísticas, de origen autárquico en Colombia, que han arrasado con todo a su paso, han llegado al presente para mimetizarse con los aires de la manifestación pública nacional, y expresar un cambio en sus maneras. Ante un Primero de Mayo, y en este momento de la historia, cuando miles de hombres y mujeres trabajadores, de jóvenes, indígenas, afros, docentes, pensionados y estudiantes que salen a las plazas y las calles de Colombia, la esperanza tiene la posibilidad de abandonar sus estados etéreos para materializarse en una manifestación pública de apoyo al cambio del país. Todo indica que los motivos no son obreros, sino vitales. Se vive la operación estatal de una idea queratifica la voluntad popular por hacer de Colombia una potencia mundial de la vida. Y si el país que marcha es un país manifestante, independientemente de su inclinación política, lo trascendental es la manifestación colectiva de una noción ineludible, por cuanto afortunada: la operación efectiva del Estado en la administración de Gustavo Petro.
