Por: Arturo Cancino Cadena
Ingeniero Industrial UIS. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Pontificia Universidad Javeriana. Docente universitario e investigador, con experiencia en la U. Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Central. Analista de economía y política en revistas y publicaciones nacionales
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Tras haber sido calificada internacionalmente como la economía latinoamericana de mejor rendimiento en 2025, Colombia cerró el año pasado con los mejores resultados históricos en los indicadores más significativos. La tasa de desempleo (regularmente por encima de 10% en los gobiernos pasados) bajó a 8,2%, al tiempo que la informalidad laboral, que se mantenía anteriormente a niveles cercanos a 60%, retrocedió a 55%. La explicación es que alrededor de dos tercios de los puestos de trabajo creados fueron empleos formales.

Por otro lado, la inflación siguió disminuyendo hasta 5,1%, a partir de 11,3% que entregó el gobierno de Duque. Y, así mismo, el consumo de los hogares creció respectivamente 5%, 8,1% y 9,4% en los tres primeros trimestres del año pasado. Esto último es el resultado no solo de la creación de empleos y la caída de la inflación, sino de los incrementos consecutivos del salario mínimo legal decretados por el gobierno: un logro de la política defendida por el movimiento obrero que apunta a mejorar los ingresos reales de los trabajadores y afianzar el respeto a sus derechos. Avance indudablemente reforzado con la reforma laboral cuya aprobación legislativa consiguió el gobierno de Gustavo Petro, luego de no pocas masivas movilizaciones sociales de respaldo.

La economía pasó de crecer 0,7 % en 2023 y 1,6% en 2024 a 2,7% en 2025. El motor de este repunte económico -que contradice el alarmismo sistemático contra el gobierno y los presagios apocalípticos de los gremios empresariales y opositores políticos- ha sido la recuperación del consumo privado y su efecto en el crecimiento de la producción. Este consumo es principalmente el de los hogares de los trabajadores y la clase media, que demandan prioritariamente bienes de producción nacional. No es mucho lo que contribuye el gasto de las elites sociales que, además de que constituyen una pequeña minoría de la población, dedican una porción más grande de sus ingresos al ahorro o la inversión y al consumo de bienes importados y parte de sus gastos se realizan en otros países.

Por supuesto, el crecimiento de la economía se ha traducido en nuevos puestos de trabajo en la medida en que la política económica se ha orientado a impulsar el desarrollo del sector productivo, intensivo en trabajo, en vez del minero energético de los gobiernos neoliberales, de escasa creación de empleo. Los nuevos empleos recientes ascienden a cerca de un millón en año corrido hasta noviembre pasado, 75% de ellos en los sectores de agricultura, alojamiento y comidas y en la construcción. También ha crecido porcentualmente bastante el empleo en el comercio (16,8%), la administración pública (12,3%), las actividades artísticas (8,8%) y el transporte (7,6%). No parece casual que, al igual que el grupo de alojamiento y comidas, algunos de estos últimos sectores incluyan actividades muy vinculadas al desarrollo sin precedentes del sector turístico.

De hecho, además del activo turismo interno, este amplio sector ha atraído más de 21 millones de visitantes extranjeros durante el presente gobierno y durante los diez primeros meses de 2025 contribuyó a la movilización de 46 millones de pasajeros. Asimismo, en los primeros nueve meses de 2025 representó exportaciones de servicios turísticos por valor USD 8.300 millones, según explica Diana Morales, ministra de Industria, Comercio y Turismo. Es el resultado de un trabajo intenso desde el gobierno, apalancado con una inversión pública de más de $1,2 billones, que además se extiende a la política industrial de apoyo a los confeccionistas y a otros pequeños empresarios, así como a muchas familias de emprendedores de la economía social.

Pero quizás lo que mejor refleja el éxito de la política económica del gobierno de Petro y representa algo así como un milagro económico, es la recuperación histórica del sector agropecuario. De tener lánguidas tasas crecimientos de 2-3% anual en las décadas pasadas, ha pasado a ostentar niveles de crecimiento de 7-8% en el presente gobierno. La renovada vitalidad de la oferta agropecuaria no solo ha sido un factor fundamental para bajar el desempleo (solo en el último año se crearon 312.000 empleos en el campo), sino pieza principal en la contención de la inflación de alimentos, componente decisivo de la variación del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Y constituye también factor principal de la diversificación de las exportaciones que ha logrado el país. Hasta octubre de 2025 se habían exportado USD 12.716 millones en productos agrícolas, un incremento de 36% respecto al mismo periodo del año anterior. Con su contribución y la de las manufacturas, las exportaciones no minero energéticas del país superan ya las exportaciones de combustibles y productos mineros (alcanzan el 60% del total y en noviembre pasado nuevamente subieron 21,6%). Eso significa que se está avanzado por fin en la diversificación de la oferta exportadora.

Si bien es cierto que el comportamiento favorable de los precios internacionales del café ha ayudado, dos factores principales de política económica han hecho posible los resultados positivos del sector agrario en general: la ampliación y democratización del crédito de fomento agropecuario, y la entrega de tierras a los campesinos para la producción de alimentos, así como la extensa formalización de predios rurales. Respecto a lo primero, las cifras más recientes del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario, Finagro, muestran que ha invertido $124,5 billones en el curso de este gobierno. En 2025 se desembolsaron $48,1 billones, 15,8% más que en 2024, de los cuales $11 billones se destinaron a la producción de alimentos y se entregaron casi $465.000 millones en crédito asociativo que involucra esencialmente a pequeños productores.

Lo segundo se refiere a la reforma agraria. En su balance al cierre de 2025, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, reporta alrededor 2,6 millones de hectáreas gestionadas por la Agencia Nacional de Tierras, ANT, la mayoría beneficiadas con seguridad jurídica mediante procesos de formalización de títulos (1.878.000 ha.) y más de 700.000 nuevas hectáreas entregadas a familias campesinas y comunidades indígenas y afrocolombianas. De estas últimas, 447.000 ha. se adquirieron por compra y el resto son tierras obtenidas de la recuperación de predios ilegalmente ocupados o recuperadas de los activos confiscados por el Estado a narcotraficantes y paramilitares. Tierras en su mayoría a cargo de la Sociedad de Activos Especiales, SAE, cuyo manejo por los gobiernos anteriores se había limitado a beneficiar a amigos políticos de los mismos e incluso a testaferros de los delincuentes.

Ahora bien, toda política económica y social requiere recursos presupuestales y, a su vez, el presupuesto es un reflejo de la política pública de un gobierno. Eso explica por qué para lograr la ejecución de estos programas de desarrollo e implementar una política social progresiva, el Gobierno ha robustecido y reorientado el Presupuesto General de la Nación, PGN, fortaleciendo la inversión social y de fomento al desarrollo. No obstante que los ingresos fiscales de la reforma tributaria de 2022 fueron mutilados a favor de las multinacionales por la Corte Constitucional y que nuevos proyectos fiscales progresivos han sido bloqueos por el Congreso, el Gobierno ha aprobado o conseguido la aprobación de sucesivos presupuestos que superan significativamente los anteriores de valor equivalente a entre 18% y 24% del Producto Interno Bruto, PIB. Presupuestos aquellos muy por debajo de los países de la OCDE que presentan un promedio equivalente a entre 40% y 50% de su PIB.

De hecho, en octubre de 2025 el gobierno consiguió la aprobación en el Congreso de un PGN para 2026 que representa el 31% del PIB de 2025, por valor de $546,9 billones, 4% mayor que el de 2025. La composición del presupuesto mantiene un 16% para la inversión pública, ligeramente por debajo del servicio de la deuda (18%) que, para sorpresa de muchos, bajó 1% respecto a 2025. Ha sido así ya que, si bien desde 2022 hasta la mitad de 2025 el monto de la deuda ha crecido de USD 171.837 a USD 207.430, de acuerdo con el Banco de la República la deuda pública pasó de representar 54% del PIB en 2022 a 49% en junio pasado, y las proyecciones más pesimistas para el cierre de 2025 la ubican en una proporción del PIB no muy lejana de la inicial.

Sin embargo, lo más importante es la composición del PGN. Con el fin de apalancar su política de fomento del sector agrario, desde 2023 el gobierno duplicó el presupuesto de agricultura (que en 2024 alcanzó incluso a ser cuatro veces mayor), asignándole una proporción sin precedentes a la Agencia Nacional de Tierras, ANT, a cargo de la reforma agraria. En 2024 el solo presupuesto de inversión de esa cartera fue de $4,9 billones y tanto en el PGN de 2025 como en el de 2026 el presupuesto total de Agricultura, del orden de $4 billones, sigue siendo más del doble que en el gobierno de Duque. Igual fortalecimiento se observa en los rubros dedicados a la política social como Educación, que desde alrededor de $68 billones en 2023, ha pasado a superar los $80 billones para 2026. O Salud, que ha crecido 51,4% en este gobierno, alcanzando los $73,5 billones para 2026.

Es evidente que, ante la imposibilidad de negar los buenos resultados de la asignación del gasto público y de la política económica en general, el discurso de los críticos y opositores del cambio ha terminado centrándose entonces la en cuestionar sostenibilidad fiscal. La presunta insostenibilidad se atribuye al gasto público que califican de “desbordado” y “populista”. Eso sí, no reconocen la insuficiencia de ingresos del Estado colombiano debido al régimen tributario socialmente regresivo (basado en impuestos indirectos) y al bajo esfuerzo fiscal que no llega al 20% del PIB y está por debajo de los países de tamaño económico semejante. Y con el ardid de ignorar este lado del equilibrio f iscal, insisten en mantener los privilegios tributarios del 1% más rico de la población, acumulados durante décadas de dominio neoliberal que, junto con la evasión fiscal de la élite rentista, son la causa principal del desequilibrio en las finanzas públicas.

Pero, además, su discurso contra el supuesto populismo fiscal no puede ocultar que su preocupación principal no es la salud de la economía ni el bienestar social, sino su temor al prestigio creciente entre los colombianos de las políticas progresistas aplicadas por el gobierno y la correlativa impopularidad de las estrategias neoliberales anteriores y de sus representantes políticos. Lo cual conlleva implicaciones electorales negativas, ciertamente. Por eso, la táctica artera de esa oposición ha sido el sabotaje tanto de las reformas sociales como de las iniciativas económicas del gobierno del Cambio, con el ánimo exclusivo de hacerlo fracasar.

Sin embargo, pese a la incesante ofensiva mediática empeñada en confundir a los colombianos, lo cierto es que cada vez más gente entiende que son esas políticas y sus gestores los responsables de la concentración acelerada de la riqueza en manos de unos pocos, la pauperización de las mayorías y los extremos de desigualdad social que dejaron los gobiernos pasados. Los motivos para obstaculizar el cambio han terminado esclareciéndose más con la oposición intransigente de los gremios empresariales y sus voceros políticos en el Congreso a la aprobación los proyectos tributarios progresivos para la financiación del presupuesto. Con argumentos pobres ellos no han dudado en hundirlos sin importar la incoherencia de aprobar por mayoría el PGN y negar la ley de financiamiento del mismo, lo cual significa dejar un hueco de más de $16 billones en las finanzas del Estado este año, que deberá cubrirse con mayor endeudamiento.

No habla bien de la inteligencia ni de la honestidad de quienes, supuestamente en pro de mostrar un equilibrio fiscal, claman por un recorte drástico del gasto público. Se sabe muy bien que más del 85% del gasto presupuestal (66% en funcionamiento, 18% para servicio de deuda, más las vigencias futuras del orden de $30 billones) son egresos inflexibles, la mayoría ordenados por la ley, como las transferencias territoriales y pensionales. Y, por tanto, todo recorte fiscal factible recaería esencialmente sobre la inversión pública.

Es obvio que, a estas alturas, pocas dudas les deberían caber que el gobierno de Petro no sacrificará el gasto social ni interrumpirá sus proyectos de desarrollo en aras de complacer la desacreditada rigidez doctrinaria de sus críticos o doblegarse al sectarismo tramposo de sus opositores.

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