El presidente Gustavo Petro, desde que gobernó como alcalde mayor de Bogotá y más ahora como presidente de la República, ha valorado la expresión participativa de las multitudes como la suprema instancia en los procesos estatales, “el pueblo es el constituyente primario” afirma con irreductible convicción. Tal criterio, seguramente tiene algo de inspiración ahora cómo estadista, pero en lo fundamental lo ha depurado a lo largo de su trasegar en el ejercicio político: de hecho, al haber participado en más de 10 procesos electorales (para Concejal, Constituyente, Representante a la Cámara, Senador, Alcalde y Presidente) ha acompañado y/o representado las demandas de gremios, comunidades, movimientos estudiantiles, grupos identitarios y etcétera de sectores sociales, al respecto, en la planeación de la campaña electoral en 2018 nos exigió a los candidatos a Cámara y Senado “que hiciéramos pedagogía organizativa que tratar a las gentes cómo meros votantes es vulgar utilitarismo de politiqueros, es el proselitismo que han practicado los corruptos de los partidos tradicionales”.
Cómo Alcalde mayor del Distrito Capital, Gustavo Petro, con el lema “Bogotá Humana” le correspondió al pueblo que lo eligió haciéndolos partícipes de labores urbanas, cómo la conservación de parques, la preservación de humedales y la recolección de basura, esto último, monopolizado por una familia, quienes en reacción por la mengua de su negocio, en pleno diciembre paralizaron los carros recolectores, haciendo de las calles basureros fétidos, y el primero de enero de 2013, los medios de comunicación, alertados o cómplices de la alevosía, registraron con sus cámaras la inmundicia difundiéndola como flagrante atentado a la salud pública.
El procurador Alejandro Ordóñez, fascista declarado, no dudó en sancionar al alcalde Gustavo Petro, inhabilitándolo de su cargo por 15 años para ejercer cargos públicos. Esto es el denominado Lawfare, el uso de acciones legales como afrenta contra gobernantes y funcionarios contrarios a los intereses de la ultraderecha y/o magnates capitalistas (ejemplo, en Brasil encarcelaron a Lula y destituyeron a su sucesora Dilma Rousseff).
Esa vez Petro se defendió de la acusación recurriendo a instancias legales pero también al acompañamiento de la ciudadanía, electores y favorecidos por sus obras, finalmente, en 2014, logró regresar a la Alcaldía después de que una acción de tutela se fallara a su favor y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitiera medidas cautelares en su favor, pero el respaldo de la gente que se emplazaba todos los días frente al edificio de la alcaldía, sin duda amedrentó a los políticos opositores.
La valoración de las manifestaciones populares por parte de los líderes sociales y políticos no es facultativo sino imprescindible, dado que es la única fuerza que contrarresta la indolente y omnímoda codicia de la minoría mega rica, representados en los gobiernos por la ultraderecha para impedir todo avance social: la gratuidad de la educación y la medicina preventiva, la subida del salario mínimo vital, la subida de las pensiones, hasta para negar la evidencia científica de que estamos ante una emergencia climática. Y cuando no logran bloquear esos avances por vías democráticas, recurren al asalto de las instituciones y en el caso colombiano hasta el atentar contra la integridad del líder.
Ya como presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la plenitud de su madurez como político y humanista, más que progresista oficia la democracia contemporánea en la que ha devenido su política.
Justamente en la estrategia de campaña para ganar las elecciones y lograr la presidencia convocó a representantes de diversos partidos que comulgaran con su programa de gobierno y conformó la coalición plural Pacto Histórico, en la que incluso se infiltraron tipejos de mala leche.
Como presidente electo, presentó al Congreso las reformas estructurales que prometió en campaña, más la oposición furibunda con mayorías en el Senado, valiéndose de toda maña votaron en contra sin el menor análisis, debió pues convocar al pueblo a que manifestaran en las calles su apoyo y, de hecho, fue multitudinario el respaldo, gracias a lo cual, procedió, por decreto, a ejecutar parciales medidas reformadoras: restitución de tierras a desalojados haciendo partícipe al campesinado de la industrialización del agro, otorgando bonos pensionales a la tercera edad, propiciando la medicina preventiva en todo el territorio nacional y etcétera de medidas para mitigar la desigualdad histórica demostrando que mejorar el ingreso y la calidad de vida de la gente contribuye al crecimiento económico, contrario a lo que divulgan economistas partidarios del neoliberalismo. Ya está visto que a empresarios y banqueros les enerva la palabra Derechos, en su léxico, al tan codicioso, prefieren hablar de necesidades, es decir cuantiosa demanda de servicios que ellos venderán.
Casualmente, cuando me documentaba para escribir esta columna, el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto presidencial de aumento del salario mínimo vital, exigiendo una rectificación que considere aspectos economicistas y no lo que manda el artículo 53 de la Construcción Nacional. Esta vez la ciudadanía convocada a reclamar su derecho al ingreso vital concurrió a las plazas en su mayoría espontáneamente, cómo no, si hasta los candidatos de la oposición, en vísperas de elecciones, sin disimular la doble moral, tuvieron que decir que estaban de acuerdo con el salario mínimo vital, de lo contrario perderían votos significativos.
Vale aclarar, que el procurar la manifestación popular, para Gustavo Petro no es un acto utilitarista ni coyuntural, lo demuestra lo pedagógico de sus discursos en procura de concientizar a la ciudadanía sobre la pertinencia de sus reformas al sistema impuesto, sobre lo justo de sus demandas y ante todo lo trascendental que es el que los pueblos se reconozcan como instancia imprescindible al concebir los fundamentos de la democracia y en defensa del Estado social de derecho. En ese sentido, los pueblos empoderados de su condición como Constituyente primario, una vez conscientes de su realidad ha de ser consecuente de su dignidad consumando sus atributos en tres planos: en las democracias participativas con derecho a elegir y ser elegido, con derecho a ser consultado en las ejecuciones de los planes de desarrollo que puedan afectar su integridad o su medio ambiente, y, si por el despotismo de un mandatario o por un sistema de gobierno opresor su existencia es aciaga en ignominiosa su deber es la revolución. Ergo, si consideramos la valiente posición del presidente Petro ante la ONU deplorando los bombardeos a Palestina por parte del ejército israelí, así como la belicosos violación de soberanías en el medio oriente, en África y en Suramérica por el imperio estadounidense, se entiende que la valoración de la expresión de la multitud es la tesis trascendental de un estadista atento a la contienda económica y geopolítica de las grandes potencias y de los máximos poderes del capitalismo.
En los atributos éticos de los pueblos están las defensas contra cualquier abuso inhumano que desde la codicia emprendan los supremos del mundo.
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