Por: Arturo Cancino Cadena
Ingeniero Industrial UIS. Magíster en Estudios Latinoamericanos, Pontificia Universidad Javeriana. Docente universitario e investigador, con experiencia en la U. Javeriana, Universidad Nacional de Colombia y Universidad Central. Analista de economía y política en revistas y publicaciones nacionales
Leer Revista Encuentros #54 completa

En su reunión de enero pasado, el Banco de la República optó por subir de 9,25% a 10, 25% la tasa de intervención, un aumento sustancial de 1% que sorprendió incluso a quienes habían hecho las proyecciones más conservadoras. Respondió así adversamente a los llamados del gobierno de avanzar en la disminución del costo del dinero para cerrar su creciente brecha con respecto a la tasa de inflación (5,1% anual en diciembre de 2025). Una brecha que duplica ya el índice de inflación y hace que el acceso a los recursos financieros sea cada vez más limitado y oneroso para los colombianos.

¿Cuál es la lógica de esa decisión del Emisor? A juicio de la mayoría de los miembros de la Junta y de su gerente, el encarecimiento del crédito con el fin de recortar el consumo y la inversión es la fórmula mágica para hacer converger el actual incremento moderado del Índice de Precios al Consumidor, IPC, a la cifra cabalística de 3% anual, meta prestablecida en el marco de su esquema adoptado de “inflación objetivo”. En su opinión, la resistencia de la variación del IPC a seguir bajando hasta alcanzar su meta se debe a un presunto exceso de demanda, propiciada por un mayor gasto público y privado que consideran “insostenible”. El propósito es, entonces, forzar una mayor disminución del ritmo de aumento de los precios mediante el freno del crecimiento económico. Y, en consecuencia, sacrificar los resultados positivos del mismo en cuanto a mayor consumo, más producción, nuevos empleos y menor pobreza.

Tal política suele presentarse bajo el eufemismo de “enfriar” la economía. El Banco de la República ha declarado que pretende impedir un crecimiento económico en 2026 mayor a 2,6% y se propone bajar el crecimiento del Producto Interno Bruto, PIB, en 2027 hasta solo 1,6%, regresando al país al modesto nivel de recuperación de la economía de 2024. Eso significa, en concreto, usar la política monetaria para inducir un retroceso en el empleo, el nivel de vida y la disminución de la pobreza. Es ese el elevado costo social propiciado por el Emisor en aras de cumplir su meta de inflación. Por tanto, es evidente que el objetivo real de reducir al mínimo la tasa de inflación no responde a la defensa de los intereses de la mayoría, cuyos ingresos provienen del trabajo y se convierten en consumo. Es claro que la mira está más puesta en optimizar la preservación del valor de los activos y especialmente de los bienes de capital. Y, por otro lado, es cada vez más patente la inclinación política -bajo el ropaje de la independencia- de la mayoría de la Junta a favor de los gremios empresariales y los partidos que procuran el fracaso del gobierno.

Pero, más allá del inocultable propósito del Banco de socavar la recuperación económica y suplantar al gobierno en la dirección general de la economía, lo cual es inconstitucional, se trata no sólo de una política contraria al interés público sino encima de un sacrificio injustificado desde el punto de vista desinflacionario. La razón es que el impacto de la contracción monetaria sobre los precios solo es efectivo cuando el origen de la inflación es el crecimiento desbordado de la demanda, supuesto que no siempre se cumple. No reconocen estos economistas que la inflación puede no estar originada en la demanda sino en la oferta. Estudios internacionales realizados después de la pandemia demostraron que el alza desproporcionada de precios ha respondido en muchos países al aumento de la tasa de ganancia de los productores, que abusan de su posición dominante en el mercado. El fenómeno ha sido llamado “inflación de vendedores” y un estudio del Ministerio de Hacienda de hace dos años comprobó que en Colombia se ha registrado este tipo de inflación. De hecho, en los últimos años la variación del Índice de Precios al Productor, IPP, ha sido muy inferior a la del Índice de Precios al Consumidor, IPC. Y el año pasado se registró una disminución sustancial del crecimiento del primer índice comparado con 2024. Es decir, los precios finales han venido subiendo más que los costos de producción.

A partir de los prejuicios propios de esa misma y equivocada visión doctrinaria, la Junta del Emisor procedió en su reunión a justificar su decisión de aprobar el mencionado recargo del costo del crédito con la creencia de que el incremento de 23,7% del salario mínimo, decretado por el gobierno en diciembre pasado, provocaría un alza extraordinaria del índice de inflación. Algo que no ha sucedido, ya que de acuerdo con el DANE el IPC anual subió de 5,1% en diciembre a 5,35% en enero pasado, un escaso 0,25% causado principalmente por el rubro de hoteles y restaurantes y del de transportes. Dicha variación se puede entender más bien como un alza de origen estacional, toda vez que la demanda de los hogares experimentó durante ese mes un moderado incremento anual de 2,5%, lejos de confirmar las expectativas infundadas del Banco.

No obstante, de nada sirvió el ejercicio econométrico realizado por el profesor César Giraldo -uno de los dos codirectores contrarios al aumento de la tasa- para demostrar que los aumentos del salario mínimo no presentan históricamente una correlación comprobable con el comportamiento de la inflación. Pudo más la sumisión reverencial al dogma neoliberal que concibe el salario como un costo de producción, cuyo valor conviene minimizar si se quiere incentivar la inversión de capital. Como se sabe, dicho dogma no ofrece explicación alguna de cómo surge la demanda solvente de una sociedad que es la que permite que se produzcan las ventas y la realización de las ganancias empresariales. Tampoco si esa esa demanda es factible apenas con salarios de subsistencia.

Sin embargo, con este tipo de justificaciones, el Banco de la República ha persistido en extender y extremar su terapia recesiva de contracción monetaria para contener la demanda, sin que pueda asegurarse un resultado efectivo sobre la mayoría de los precios cuya variación no parece obedecer principalmente a esta causa. En la práctica, muchos precios se han moderado principalmente por efecto del aumento de la producción y la oferta de los alimentos y de otros bienes de consumo de producción nacional, así como de un mejor comportamiento de los precios de las importaciones. Es decir, como resultado de la reactivación y el buen desempeño de la economía.

Entonces, es válido señalar, como lo ha hecho el presidente Petro, que el encarecimiento del crédito se ha limitado a entrabar la venta de bienes durables como la vivienda, que requieren financiación, y por ende a frenar la construcción y a enriquecer aún más a los bancos y rentistas al propiciar las altas tasas de interés de los créditos. En efecto, el aumento de las rentas de capital apuntalado por esta política monetaria se ha traducido en un aumento de las inversiones en papeles de rentas financieras. En 2025 las ganancias del sector financiero tuvieron un repunte notorio: las utilidades anuales de los bancos subieron 71% en 2025 y el sistema f inanciero en su conjunto pasó de percibir ingresos por $105,9 billones en 2024 a $129,5 billones en 2025. Las inversiones f inancieras sumaron $130,5 billones, de ellos $38,5 billones en instrumentos de patrimonio de emisores (acciones e inversiones para captar rentas temporales) y $86,2 billones en títulos de tesorería o deuda pública. Resulta evidente entonces a quiénes favorece en realidad la política monetaria de altas tasas de intervención del Emisor.

No obstante, esta distorsión en beneficio del capital financiero puede adicionalmente estar ligada a un problema de más hondo calado. La revaluación atípica que viene presentando el peso colombiano es un síntoma que ha empezado a suscitar nuevos análisis económicos. Es posible que la política de las altas tasas de interés esté significando algo más que un subsidio a las rentas de capital, al tiempo con una mayor concentración de la riqueza y un obstáculo a la inversión productiva.

La literatura económica identifica a la “enfermedad holandesa” como un fenómeno al que están expuestos los países cuyas extraordinarias bonanzas, generalmente por exportación de recursos naturales, ocasionan un fuerte ingreso de divisas que termina por provocar una marcada apreciación de sus monedas. El fenómeno debe su nombre al estudio realizado por Corden y Neary en 1982 sobre la crisis que sufrió la economía holandesa en los años 60 debido a la bonanza exportadora originada en sus descubrimientos de enormes yacimientos de gas. La avalancha de divisas resultante provocó entonces una colosal apreciación de su moneda, el florín, que repercutió en una pérdida de competitividad de las exportaciones holandesas, el desproporcionado abaratamiento de sus importaciones y una grave desindustrialización del país con sus secuelas desempleo y retroceso social. Más recientemente, diversos estudios -como los de Bresser Pereira (2009) o Rajan y Subramanian (2011)- muestran que los excesos de flujos de capital pueden generar, por sí solos, una sobreapreciación de la tasa de cambio real que resta beneficios a la producción local transable, castiga sus exportaciones y favorece a las importaciones.

Bajo los gobiernos neoliberales, Colombia ya ha sufrido anteriormente los perversos efectos de la enfermedad holandesa. Entre 2001 y 2015, durante la bonanza de los precios internacionales del petróleo, el carbón y otros minerales de exportación y del correspondiente ingreso masivo de inversión extranjera al sector extractivista, nuestro país experimentó una revaluación de la moneda y pasó de tener un superávit comercial a un déficit creciente a causa del incremento desbordado de sus importaciones. La revaluación prolongada destruyó la producción y las exportaciones industriales y agrícolas. Y terminamos pagando alimentos importados, ya encarecidos, como parte de un déficit comercial que en 2015 alcanzó los 15.581 millones de dólares.

Pues bien, después de haberse moderado su valor negativo a menos de la mitad en 2018, ese déficit comercial alcanza hoy los 16.377 millones de dólares. Esto sucede a pesar de que las exportaciones han subido desde 36.000 millones de dólares al terminar la bonanza minero-energética en 2015, a un promedio de cerca de 50.000 millones de dólares en los últimos cuatro años, más de la mitad de ese valor en exportaciones de bienes no minero energéticos. Estamos pues nuevamente ante unos saldos negativos en el comercio y la balanza de pagos por mayores importaciones, semejantes a los ocasionados por la bonanza exportadora de recursos naturales y la fuerte apreciación de la moneda, típicos de la enfermedad holandesa. Pero esta vez sin la existencia de un boom primario exportador.

¿Cuáles son las causas de esta seria amenaza a la salud de la economía colombiana? Los economistas del banco central y sus exegetas prefieren atribuir la revaluación monetaria a factores exógenos, como las políticas de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) así como a la entrada de capitales por las operaciones de crédito del gobierno. Pero esto último es inexacto, ya que el ministerio de Hacienda ha optado por no monetizar la mayor parte de las nuevas reservas en moneda extranjera para minimizar su efecto sobre la tasa de cambio. En realidad, detrás del aumento del flujo de entrada de capitales que ha ocasionado la excesiva apreciación del peso están las altas tasas de interés impuestas por el Banco de la República y su diferencial creciente con las tasas de interés de EE.UU y de la mayoría de países.

Esta vez el protagonismo del fenómeno no le corresponde a las divisas por exportaciones ni a la inversión extranjera directa (IED), sino a las inversiones de portafolio buscadoras de rentas especulativas que se conoce como capitales golondrina. Pero, en función de sus consecuencias, se trata de una variante de la enfermedad holandesa. Y es un hecho que, independientemente de la devaluación generalizada del dólar que afecta también a otras monedas, las altas tasas de interés internas son el incentivo principal que ocasiona este flujo de ingresos y la apreciación atípica de nuestra moneda. Por tanto, también de su impacto negativo sobre la producción nacional y las exportaciones agroindustriales y manufactureras que han venido ocupando el lugar de las petroleras y en general de la economía extractivista en franco declive.

La conclusión es que, con su política de contracción monetaria que busca promover deliberadamente una recesión para bajar dos o tres puntos porcentuales el alza del IPC, el Banco de la República es el principal responsable de empujar a Colombia al agujero negro de una enfermedad holandesa. Y, en caso de lograr ese resultado, ocasionaría una seria destrucción en el sector productivo que frustrará la diversificación de las exportaciones y la respectiva generación de empleo y de riqueza del sector exportador. Así mismo, contribuirá a arruinar la producción nacional para el mercado interno que compite con las importaciones. Un daño económico regresivo de proporciones incalculables.

Bibliografía

Alguero, Miguel. Colombia sufrirá frenazo económico desde segundo semestre de 2026 por choque de tasas e inflación: BanRep. El Colombiano, Febrero 25 de 2026.

Amézquita, Pascual. El impacto del alza de las tasas de interés por el Banco de la República. El Bancario, ACEB, febrero de 2026.

Boletín técnico. Índice de Precios al Consumidor (IPC) enero 2026.

DANE, febrero 6 de 2026.

Cancino, Arturo. La dudosa fortuna minera de Suramérica: los países andinos Colombia, Chile y Perú. En: Minería, territorio y conflicto, Universidad Nacional de Colombia, 2012.

Colorado, Juan Camilo. Petro señala que menor dinamismo en sector vivienda obedece a tasas altas del Emisor. La República, febrero 21 de 2026.

Coronel, Jorge. Mayoría del Banco de la República: ortodoxia vs Constitución. La República, noviembre 14 de 2025.

Delgado, Paula. Colombia es el único país de la región donde se prevén incrementos considerables en las tasas de interés: BGT Pactual. Valora Analitik, febrero 11 de 2026.

Goda, Thomas y Alejandro Torres. Flujos de capital, recursos naturales y enfermedad holandesa: el caso colombiano. Ensayos sobre política económica. Elsevier, España, octubre 30 de 2015.

González, Jorge Iván. Las consecuencias de la enfermedad holandesa… colombiana. Economía y sociedad, enero 11 de 2016.

Hernández, Daniel. Costos laborales y comportamiento del peso llevarían la economía hacia una variante de la enfermedad holandesa. Portafolio, febrero 23 de 2026.

Maya, Guillermo. La junta del Banco de la República reafirma su poder político. La Silla Vacía, febrero 13 de 2026.

Rodríguez, Hollman. Recuperación de los bancos en 2025: de 11 que perdían en 2024, se pasó a 4 y la utilidad repuntó el 71%. Portafolio, febrero 20 de 2026.

Trujillo, Juliana. Con importaciones por US$70.502 millones CIF, el año pasado cerró con un déficit comercial total de US$16.377 millones FOB. La República, febrero 18 de 2026.