Por: Gonzalo Jiménez R.
Colaborador del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz). Asesor de los delegados y delegadas del gobierno nacional a la Mesa de conversaciones de Paz (MDP) con el Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)¹
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El expresidente Juan Manuel Santos convocó a casi todos los demás expresidentes vivos del país, Cesar Gaviria, Andrés Pastrana, Álvaro Uribe Vélez e Iván Duque –solamente dejó por fuera de esta invitación a Ernesto Samper–, a la conformación de un Frente Común para evitar la ruptura del orden constitucional que, según él, promueve el presidente Gustavo Petro, al llamar al pueblo para que ejerza su soberanía y apruebe una reforma laboral negada de manera fraudulenta por el senado en sus sesiones ordinarias.

Convocar al pueblo para ejercer su soberanía, es un acto consagrado en la Constitución y reglamentado por la ley, lo cual puede hacerse a través de mecanismos como la consulta popular, la cual requiere aprobación previa por parte del parlamento, el cual, sin embargo, otra vez de manera fraudulenta, negó al pueblo la oportunidad de expresarse libremente ante reformas que, como la laboral, lo afectan o benefician en su vida cotidiana.

Ante este doble evento fraudulento, el gobierno nacional persistió en la convocatoria a una consulta popular, ampliada en un segundo decreto a preguntas sobre la reforma a la salud, lo cual fue interpretado por expertos constitucionalistas, como Rodrigo Uprimny, como un intento por llevar a Colombia a un autoritarismo plebiscitario.

Romper el orden constitucional para conducir al país a una dictadura sustentada en un constante plebiscito al pueblo, es la argumentación que hoy nutre las opiniones de voceros de diversos sectores políticos, gremiales, sociales y académicos del país, para definir un gobierno que, como el de Gustavo Petro, está siendo consecuente con el programa de gobierno que respaldaron once millones y medio de colombianos y colombianas.

Olvidan los defensores de oficio de un orden constitucional, quebrantado varias veces apelando al delito, como Álvaro Uribe Vélez comprando votos en el senado y cámara para hacerse reelegir, o Juan Manuel Santos manteniendo esta f igura de la reelección sólo hasta después de haberse asegurado otros cuatro años de gobierno, acudiendo a los corruptos fondos de Odebrecht, que la democracia en Colombia es todavía precaria, entre otras razones porque los tres poderes públicos y los organismos de control hacen parte de un único entramado de poder, sostenido por una oligarquía absolutista, que por ende debe ser transformado de raíz, tarea que al día de hoy corresponde al constituyente primario, para que al fin sea una realidad el Estado social de derecho que ordena la Constitución de 1991.

Como hasta ahora, el desarrollo legal de esta carta, en términos generales, ha ido en contravía a los principios fundamentales de esta, no se ha logrado desmontar un régimen político de Frente Nacional, instaurado desde mediados del siglo pasado, caracterizado por el monopolio de la cosa pública por parte de las élites de los dos partidos tradicionales, liberal y conservador, y la casi total privatización de la economía, con la consecuente pérdida de derechos fundamentales.

A pesar de los esfuerzos del gobierno del presidente Gustavo Petro por conformar un verdadero sistema de independencia de poderes, que facilite que haya paz, justicia social y ambiental y democracia, en Colombia aún subsiste un poder manifiesto 40 que controla los medios de comunicación masiva y supedita la acción de las cortes y del parlamento a los intereses de una clase corrupta y clientelista, que impide o frena cualquier intento de reforma.

Por ello, una de las estrategias centrales para plasmar el proyecto de gobierno de reformas sociales estructurales que generen equidad y garantía de derechos, paz total y soberanía internacional, ha sido apelar a la capacidad de insurgencia y rebeldía del pueblo, como ha sido la constante en las grandes revoluciones o transformaciones que ha vivido el país desde hace unos dos siglos y medio.

Basta recordar que el proceso de independencia, en el otrora Virreinato de la Nueva Granada, hoy República de Colombia, vivido en los siglos XVIII y XIX, tuvo como dos de sus principales hitos la revuelta comunera, iniciada en 1781 en tierras de lo que hoy es el departamento de Santander, contra el excesivo cobro de impuestos cobrados por la corona española la iglesia y los encomenderos, y la revolución de los cabildos locales o municipales, instancia de gobierno impuesta por el reino de España en todas sus colonias americanas, que se extendió por todo el conteniente y tuvo como uno de sus más importantes motivos el llamado a la libertad de los pueblos contra la dominación de la corona española.

La denominada “revolución de los cabildos” fue la base para consolidar la independencia del virreinato del imperio absolutista de España, y se abrió una disputa, que muchas veces condujo a guerras civiles, entre quienes profesaban un ideario liberal, caracterizado sobre todo por la organización de una república federativa, laica, en la que el Estado interviniera en la actividad económica y se reconocieran los derechos humanos de igualdad y justicia, y quienes pensaban que lo mejor era conformar una república centralizada, confesional, sustentada en el poder de los terratenientes y esclavistas.

La constitución política de 1886, significó el triunfo del pensamiento absolutista, aunque sin la presencia de un rey o emperador, pero tampoco sin pueblo, sino sólo con el control de una élite reaccionaria, abriéndose un periodo caracterizado por la lucha entre quienes aspiraban a ser hegemonía eterna en el poder y un sector apoyado en el naciente proletariado, el artesanado y las clases medias e industriales y comerciantes, que se inscribía en parte en las corrientes socialdemócratas europeas, en parte en el liberalismo clásico y, en parte, en un comunismo que abogaba por una dictadura del proletariado.

La pugna más marcada se centró entre quienes reconocían que la soberanía descansaba en la nación y quienes consideran que esta debía estar en el pueblo, pugna que, en parte, fue saldada con el acuerdo del Frente Nacional, aunque este fue un acuerdo entre élites sociales que dejó por fuera buena parte del pueblo campesino, obrero, estudiantil, intelectual, indígena, afro y de capas medias de empresarios.

La reforma constitucional de 1991, como fruto de acuerdos de paz entre el gobierno nacional de aquel entonces y varias organizaciones insurgentes, el Movimiento 19 de Abril (M-19), el Ejército Popular de Liberación (EPL), el Movimiento Indigenista Quintín Lame y el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT), y de expresiones ciudadanas, como la séptima papeleta, implicó el reconocimiento del pueblo como poder constituyente primario, de manera que quedó abierta la puerta para que buena parte del desarrollo legislativo se hiciera mediante figuras como el plebiscito, el referendo o la consulta popular, sin desconocer el papel del congreso de la república y de la corte constitucional en este proceso, el primero dando forma a las leyes aprobadas por el voto popular y la segunda dando constancia de la constitucionalidad de las mismas.

Tras este rápido y esquemático recorrido por la historia, puede colegirse que, ante la situación que vivimos en el presente, caracterizada por un congreso y una justicia empecinados en bloquear y sabotear un proceso de reformas necesario, el presidente tomó la decisión de consultar al pueblo acerca de las leyes que este exige, reclama y requiere, primero mediante la convocatoria a una consulta y, luego, ante la aprobación de la reforma laboral por una mayoría de senadores, sobre todo de quienes están con el gobierno, de una constituyente que redima el poder soberano del pueblo.

Decir sí o no a esta constituyente será posible en marzo de 2026, cuando el pueblo tendrá posibilidad de dar un mandato al nuevo gobierno para que se discutan, en una asamblea, asuntos importantes como el ordenamiento territorial del país, la reforma al sistema judicial y político, la plena garantía de derechos individuales y colectivos, el régimen económico, la paz y la real independencia de poderes.

Concluyo estas notas preguntando entonces al expresidente Santos y al constitucionalista Rodrigo Uprimny, y por supuesto a todos y todas quienes se acogen a sus tesis, si la democracia está del lado de las acciones del presidente Petro o de quienes piensan que el poder debe descansar en un abstracto ente llamado nación, que por lo general representa los intereses de absolutistas, dictadores o tiranos.

Referencias

¹Las apreciaciones expuestas en este artículo no comprometen las de ninguna de las dos entidades mencionadas, solamente las del autor.