El Pacto Histórico fue una propuesta que el hoy presidente de la república Gustavo Petro lanzó al país, en 2021, para impulsar un proyecto reformista que condujera a que Colombia se convirtiera en un Estado social de derecho, como es el mandato de la Constitución política de 1991. A esta invitación se sumaron, al inicio, distintas fuerzas políticas, como un amplio sector del Polo Democrático Alternativo, el movimiento alternativo indígena y social (MAIS), la Unión Patriótica (UP), la Alianza Democrática Amplia (ADA) y la Colombia Humana, nombre con el que se identificaban los seguidores del entonces candidato Gustavo Petro.
Sacar adelante este proyecto político, que se nutría de las tesis reformistas del liberal Alfonso López Pumarejo, orientadas a erigir en Colombia una moderna sociedad industrial; de las impulsadas por el líder popular Jorge Eliecer Gaitán, cuyo objetivo principal era superar la desigualdad, la inequidad y la carencia de derechos de la mayoría del pueblo; del nacionalismo de la Alianza Nacional Popular (ANAPO), que buscaban ampliar el espectro de participación política en el país, reducido por entonces a las oligarquías liberal y conservadora; de sectores rebeldes como el M-19, entre otros, el de convertir a Colombia en un país de propietarios, y de la izquierda democrática, como la de lograr justicia social y garantizar libertades. Esto implicaba, aparte de triunfar en las elecciones presidenciales, ganar mayorías en Senado y Cámara, de manera que las iniciativas que dependieran de actos legislativos no tuvieran contratiempos.
Como el objetivo de lograr mayoría en el Senado y la Cámara no se logró, el electo presidente Gustavo Petro acogió el apoyo brindado por distintos sectores políticos del país, como la Alianza Verde, Fuerza Ciudadana, Marcha Patriótica, Partido del Trabajo de Colombia (PTC) y liberales y conservadores independientes, e incluso miembros del Partido de la U y de Cambio Radical, conformándose entonces un primer acuerdo nacional por medio del cual se consiguieran resultados prontos, como la aprobación del plan nacional de desarrollo (PND), y una reforma tributaria con la cual se consiguieran recursos para fortalecer el gasto en renglones estratégicos, como educación, salud, seguridad social, reforma agraria y política de paz.
La primera etapa del acuerdo nacional, concluyó cuando algunos miembros del gabinete ministerial, como Alejandro Gaviria, de Educación, y Cecilia López, de Agricultura, manifestaron críticas, varias de ellas veladas, a proyectos como el de reforma al sistema nacional de salud y el de reforma agraria, siguiendo un lema que ha hecho carrera entre distintas voces de la oposición: “reformas sí, pero no así”, el cual expresa una relación contradictoria entre f ines y medios, pues con este lema se afirma que es necesario mantener las cosas como están, aunque cambiando asuntos de forma; por ejemplo, no desmontando el corrupto andamiaje de las empresas promotoras de salud (EPS), o diluyendo la compra de tierras, en un obsoleto esquema de mercado en el que los terratenientes imponen las condiciones de venta.
A la par que se dieron a conocer estas posturas contrarias al cambio agenciado por el gobierno nacional, sostenidas en los fundamentos del Pacto Histórico de 2021 y refrendados por un acuerdo nacional en 2022, empezaron a surgir evidentes entramados de corrupción, la mayoría provenientes de gobiernos anteriores, incluso enquistados en el aparato de gobierno conformado desde el acuerdo de Frente Nacional de 1958, que se convirtieron en obstáculos para la ejecución del PND y coadyuvaron al enjuiciamiento de la honorabilidad de varios miembros del gobierno nacional, e incluso del mismo presidente, enjuiciamiento que buscaba minar los fundamentos éticos del proyecto de Pacto Histórico y las bondades de sus iniciativas de paz total, justicia social y ambiental y de transición de una economía extractivista a una economía productiva sostenible y respetuosa de la naturaleza, las cuales, todas, están encaminadas a fortalecer un sistema democrático.
Apelar con reiteración a la fórmula de negar toda reforma surgida del gobierno nacional, por ejemplo, la ley de financiación del presupuesto de 2025, y buscar que la corrupción de vieja data se diluya en falsas acusaciones al presidente Petro y su gabinete, por ejemplo, el fallido intento de saqueo de Olmedo López y Sneyder Pinilla, de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), denunciado por el mismo presidente de la República, han sido la clave de la estrategia de la oposición, que, dicho sea de paso, ha apelado sobre todo a escenarios como las redes sociales y los medios convencionales, pero no ha recurrido a los escenarios de debate, como el parlamento o los foros académicos o sociales.
El rápido recorrido por algunos hechos ocurridos en estos dos años y medio del gobierno del Pacto Histórico, ampliado a una iniciativa abierta de acuerdo nacional que gire en trono a tres pilares: tierra, educación y territorio, los tres soportes de una paz total, permiten inferir que el sistema político colombiano, lejos de ser un sistema sostenido en la acción, que incluye el debate argumentado, de sólo dos partidos: el de gobierno y el de oposición, es un sistema sostenido en la existencia de múltiples expresiones grupales, muchas de ellas surgidas por firmas, que han demolido la pretensión oligárquica de un frente nacional, liberal y conservador, que, por encima de matices o tendencias, comparta los puestos de gobierno, se rote en los mandatos presidenciales, se distribuya el presupuesto nacional, controle las iniciativas ciudadanas y comunitarias y los medios masivos de comunicación, y facilite la libertad de mercado para las grandes corporaciones nacionales e internacionales.
La vieja tesis de la democracia bipartidista y representativa, que ha posibilitado hasta ahora, el tránsito sin muchos traumas de sistemas sustentados en la intervención del Estado a sistemas sustentados en la primacía de la iniciativa privada, está cuestionada por la irrupción de una fuerza política y social que se apoya en la vigencia de la garantía de los derechos humanos y las libertades universales.
Mientras en Colombia el Pacto Histórico se enruta hacia la configuración de un sistema de partidos que tengan como referente la defensa de un Estado social de derecho, incluyendo los debilitados partidos tradicionales, los sectores que se reclaman independientes y de la oposición, marchan hacia la conformación de un sistema político totalitario en el que las controversias, las denuncias y las protestas se definan con represión y haya unanimismo en la ejecución de las políticas públicas, pues lo que se busca es que estas sean negocios en que gana quien tiene el poder de su lado.
La estafa de Javier Milei al pueblo argentino, con la criptomoneda $LIBRA, y su posterior encubrimiento por una justicia nombrada a dedo, así como las múltiples decisiones unilaterales de Donald Trump en cuanto a inmigración, seguridad social, ayuda humanitaria o convenios internacionales, sustentadas en que el gobierno de Estados Unidos sólo actúa en función de su propio interés, y los demás países del mundo deben pagar al Tío Sam lo que este pida, indican que estamos ante un mundo en el que, entre tantos dilemas, hay uno que resalta: dejamos el poder en manos de un rey, príncipe, monarca, emperador, presidente o tirano, o conseguimos que el poder esté en manos del pueblo soberano.
Este dilema del presente, traído al caso colombiano, puede resumirse en que, o se sigue un camino de reformas, debatidas y acordadas por diversas fuerzas políticas y sociales, o dejamos que fuerzas ancladas en un proyecto autoritario definan que quienes no pensemos como ellos, sobramos.
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