
Desde siempre, la política colombiana ha sido atizada con un mecanismo despreciable, surgido de la deshonestidad intelectual y moral de algunos dirigentes tan ambiciosos como mediocres. Los partidos tradicionales y los sectores de derecha, una godarria cada vez más fascistoide, al no contar con sustento ideológico real, han construido su hegemonía sobre la retórica patológica de atribuir a la izquierda sus propios métodos ilegítimos, pues durante décadas han afirmado que sus adversarios emplean “todas las formas de lucha”, en insinuación constante y cobarde de que la izquierda suma clandestinamente las armas y toda clase de crímenes al debate democrático.
Esta proyección clínica y cínica busca ocultar la verdadera naturaleza del poder en Colombia. El conservadurismo recalcitrante, los grandes grupos económicos y las clases acaudaladas han sido los padrinos de un sistema de dominación que sí ha utilizado todas las formas imaginables para mantener sus privilegios. Su instrumento fundamental ha sido el miedo en sus múltiples gradaciones, sumado a la mentira y el engaño como parte del catálogo de canalladas que todos hemos visto y sufrido.
Desde la infame Operación Avispa, diseñada en los años ochenta dentro del manual del sabotaje democrático a los partidos minoritarios, aquella maquinaria perversa mantiene intacto su objetivo primordial: cerrar cualquier espacio a las alternativas liberales y tanto más las progresistas. Hoy su repertorio es más amplio, menos sutil e inusitadamente siniestro.
La manipulación desde los medios nacionales y tradicionales de comunicación, la infiltración de la justicia y los organismos electorales, y el lawfare se han entronizado como prolongación de la guerra política. La derecha ha cultivado hábilmente vínculos con paramilitares y han explotado las redes sociales mediante bodegas de injuria y desinformación. Simultáneamente, coquetean con figuras ultraconservadoras extranjeras para socavar el poder legítimamente constituido en el país.
La amenaza incesante del golpe de Estado y el filibusterismo obstruccionista en el Congreso aportan a este arsenal desestabilizador. No buscan debatir ideas, sino desarticular la unidad y la voluntad popular que cada vez se expresa más en el ánimo nacional. Este es el verdadero catecismo de “todas las formas de lucha”, un sumario de bajezas políticas ejecutado minuto a minuto, con precisión quirúrgica y una absoluta falta de escrúpulos, como lo demuestran decenas de miles de muertos en las últimas décadas, solo porque querían silenciar las voces disidentes.
Desde 2022, este manual se ha aplicado con saña y sin descanso contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Cada avance reformista ha encontrado no una oposición leal, sino una conspiración altanera, con el objetivo de hacer ingobernable al país para demostrar falsamente la inviabilidad del cambio.
Ahora, esa misma maquinaria de mentiras y traiciones dirige su artillería pesada contra la campaña de Iván Cepeda. Pretenden, mediante el miedo y la calumnia, evitar a toda costa un segundo gobierno progresista. Temen hasta la convulsión que se consolide un proyecto que desmonte sus rancios privilegios.
Denunciar la arbitrariedad de esta clase política no es un acto partidista sino una defensa de los principios constitucionales. El recurso freudiano de la proyección de las propias culpas es un viejo truco de los autócratas. Todas las formas de lucha, las más denigrantes y sanguinarias formas de lucha son las que, desplegadas por las facciones más retrógradas de la política nacional, ellos han empleado siempre para impedir el paso de la izquierda hacia el poder. Pero eso también está cambiando.




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